El lunes 17 de enero de 1966 un  bombardero estadounidense B-52 y un KC-135 cargado con más de cien mil litros de combustible colisionaron sobre el espacio aéreo de Palomares. El accidente tuvo lugar durante una maniobra de repostaje rutinaria debido a un fallo en el acoplamiento de las aeronaves, quedando destruida una de ellas. De la tripulación de ambos aviones, hubo siete muertos y únicamente cuatro tripulantes lograron saltar antes de la explosión. La importancia de este suceso deviene de la carga que transportaba el B-52, cuatro bombas termonucleares, de las cuales tres de ellas cayeron en tierra y una en el mar. Esta última tardó varios meses en ser descubierta, concretamente ochenta días. En este momento histórico -Guerra Fría-, EE.UU. mostró un especial interés en ocultar el contenido de las bombas y estableció un perímetro de seguridad por parte de las Fuerzas Americanas que coadyuvó a este oscurantismo. Durante varios días se procedió a la limpieza de parte de la tierra contaminada, la cual fue trasladada a Nuevo Méjico. Dicha retirada de tierra, tal y como se reconoce en diversos informes posteriores al accidente elaborados y publicados por el CIEMAT o CSN, no fue suficiente para alcanzar una reparación integral de la contaminación ocurrida. Este dato nos lleva a pensar sobre la importancia de que los habitantes de Palomares hayan vivido y sigan sufriendo las consecuencias derivadas de un suelo contaminado, que vulneraría, además de algunos derechos fundamentales, el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la personalidad reconocido al más alto nivel por el art. 45 de la CE. Téngase en cuenta que en dicho lugar se han seguido desarrollando actividades agrícolas, con el riesgo tanto ambiental como en materia de salud que ello conlleva.